Los gobernadores peronistas necesitan tanto del presidente Alberto Fernández como éste del respaldo de los mandatarios provinciales. La puja interna del Frente de Todos mina más el poder presidencial, mientras la oposición intenta levantar la mirada y soñar con el retorno en las elecciones de 2023. La pelea por la coparticipación es otra arista que anticipa la puja electoral. El Gobierno nacional convocó a los gobernadores para cuestionar la asignación de los fondos transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el mantenimiento de la policía durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri,
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto una fecha límite a las partes para que intenten arribar a un acuerdo antes del 26 de este mes. La administración de Horacio Rodríguez Larreta radicó ante el máximo tribunal un pedido de cautelar para dejar sin efecto esa reasignación de recursos.
La Corte ordenó a ambas jurisdicciones buscar una solución a través de audiencias conciliatorias que se están realizando de manera semanal, antes de emitir una resolución. El Gobierno nacional citó a las provincias y logró que se sumen a su criterio, para lo cual los gobernadores dispusieron enviar la nota con su postura al máximo órgano judicial y presentarse en el pleito como amicus curiae (amigo del tribunal), según informaron tras la reunión en la Casa Rosada.
El respaldo de los mandatarios peronistas a la lucha con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentra explicación no sólo en la debilidad política del Presidente, sino también en una tendencia que se está observando en las transferencias directas: una desaceleración de los envíos en términos reales. Varios gobernadores temen que un escenario de esa naturaleza los expone al déficit fiscal. Además, entre las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) se deslizó que habrá un freno a las transferencias discrecionales de fondos.
En marzo pasado, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) a las provincias y CABA continuaron por sendero de crecimiento, pero el mismo registró una desaceleración en la velocidad de crecimiento respecto al mes previo, observó la consultora Politikon Chaco. En el mes de análisis, se distribuyeron a las 24 jurisdicciones subnacionales un total de $ 376.906 millones, registrando una suba medida a pesos corrientes del 57,4% contra igual mes del año anterior; a su vez, al medirlo en moneda constante (proyectando un nivel de alza de la inflación nacional del REM del Banco Central), las transferencias muestran un incremento real del 3,2% interanual en este mes de análisis, inferior al 4,2% de febrero pasado.
Al considerar la performance en cada jurisdicción se observa que solo Buenos Aires y CABA mostraron variaciones reales superiores a las del promedio del grupo, mientras que Salta, Chaco y Tucumán la igualaron, señala a su vez un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Por su parte, todas las demás jurisdicciones exhibieron tasas de variación reales positivas, pero por debajo del 3,2% correspondiente al consolidado, acota la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz.
Necesidades mutuas
Según el analista político Cristian Buttié, hay una necesidad ferviente de los gobernadores para intentar salvar la ropa en un año que puede ser complicado por las metas que ha delineado el FMI para bajar el déficit fiscal y cerrar el grifo al reparto discrecional de fondos federales para cumplir aquella meta. “Hay necesidades recíprocas del Presidente y de muchos gobernadores para intentar retener el poder en un momento complicado para la economía nacional”, agrega el director de CB Consultora de Opinión Pública. Buttié detalló esa motivaciones de mantenerse unido en cada pelea con la oposición:
• Los gobernadores peronistas necesitan un Gobierno nacional fuerte que, a su vez, consolide a la gestión en un año previo a las elecciones. Ese es el escenario en un hipotético caso de un peronismo unido. Pero también hay otro en el que se plantean escenarios de disociación de elecciones, de aquellos que quieren salvar la ropa más allá de lo que suceda con la administración nacional.
• Los mandatarios provinciales esbozaron planes de acciones regionales pero, con el tiempo, advirtieron que esa mecánica o las acciones individuales no le garantizan resultados contundentes en sus jurisdicciones para retener el poder.
• El oficialismo, a su vez, mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el adversario a vencer, porque Rodríguez Larreta cuenta con mejores diferenciales en cuanto a su imagen pública respecto de otros dirigentes. Sin embargo, el alcalde porteño se está debilitando porque ha encontrado también resistencia dentro de su espacio (Juntos por el Cambio) que va más allá de lo discursivo y tiende a convertirse en estructural, lo que contribuye a fortalecer la estrategia de la grita, algo que el Frente de Todos quiere capitalizar. También los liberales, que quieren quedarse con una tajada mayor en la torta de distribución del poder opositor.
En suma, la puja de Nación, en alianza con gobernadores peronistas, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sólo tiene ribetes de distribución de fondos de coparticipación federal de impuestos, sino también una clara orientación de posicionamiento electoral para la pelea que se avecina en 2023.
Osvaldo Saldo
“Es nuestro deber defender los recursos”
“Somos un país federal, nuestro deber es defender nuestros recursos y reducir todo tipo de asimetría en la distribución de los mismos”, escribió en su cuenta en Twitter el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, al reunirse en Buenos Aires con sus pares de otros distritos peronistas, convocados por la Casa Rosada. Indicó que, junto con sus colegas de otros distritos, firmaron una nota que fue enviada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “con el objetivo de dejar asentada la posición y el interés de las provincias argentinas en reafirmar la dimensión histórica de la decisión que debe adoptar el Máximo Tribunal en esta causa”. Se trata de un respaldo más político que jurídico, ya que las provincias no son parte afectada en el litigio por los fondos coparticipables que la Nación mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Macri
“Fueron sacados de modo inconstitucional”
El ministro de Gobierno porteño Jorge Macri, manifestó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires merece los fondos coparticipables reasignados durante la gestión anterior, ya que “han sido sacados de manera inconstitucional”. “Es grave que un país se maneje de esa manera, por suerte en Argentina tenemos una estructura independiente”, manifestó. Ante el conflicto, la Corte Suprema le dio a al Gobierno nacional y al porteño 30 días hábiles para, a través del diálogo, encontrar una solución política. De lo contrario, la quita de fondos podrían suspenderse hasta que se conozca la sentencia firme, que puede demorar años. “El tema lo presentó Ciudad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte nos pidió que nos pongamos a trabajar para ver si nos podemos poner de acuerdo en cómo se paga, cómo se calcula, cómo se actualiza”, expresó el funcionario.
Gerardo Zamora
“Fue un atropello al federalismo”
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue uno de los más duros a la hora de criticar el reclamo judicial de la Ciudad de Buenos Aires. “La ciudad de Buenos Aires nos ha robado al país durante la era de Macri más de $ 500.000 millones en exceso, indebidamente y por un decreto. Lo que hicieron fue consolidar un atropello al federalismo”, dijo el mandatario santiagueño, tras el encuentro que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández. “Qué vergüenza este federalismo que se está destruyendo, porque si la Corte llegara a fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires estarían destruyendo el federalismo. Nosotros estamos aquí para que el pueblo argentino sepa lo que está pasando o lo que puede pasar”, remarcó Zamora, que lamentó que la audiencia convocada por el máximo tribunal no haya sido pública.